La normativa podía haber regularizado la situación de casi cinco millones de indocumentados.
Un empate entre los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos mantendrá congelada la reforma de inmigración del presidente Barack Obama, que dejará la Casa Blanca el próximo mes de enero sin haber aprobado una de las grandes iniciativas legislativas de su mandato. La sentencia supone un duro golpe también para los casi cinco millones de indocumentados que hubieran quedado protegidos de la amenaza de la deportación.
La orden ejecutiva de Obama en el corazón de este caso propuso en 2014 que los indocumentados pudieran permanecer en el país si eran padres de niños estadounidenses, además de cumplir con otros requisitos, así como trabajar legalmente. La normativa también ampliaba el programa conocido como DACA y que desde un año antes concedía los mismos beneficios a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers y que entraron en el país antes de cumplir los 16 años.
El Supremo no se ha pronunciado sobre la legalidad de esta reforma. Al producirse un empate a cuatro votos, la normativa establece que debe permanecer la sentencia pronunciada por la corte federal que estudió el caso en la última instancia y que ya decidió bloquear la reforma. Fue precisamente tras aquella sentencia, cuando la Administración Obama pidió a la máxima instancia judicial del país que se pronunciara sobre su iniciativa para dar un permiso temporal de residencia y trabajo a casi la mitad de los indocumentados que se estima residen ilegalmente en el país.
La demanda contra la reforma migratoria había sido planteada por 26 Estados gobernados por republicanos liderados por Texas. Los denunciantes consideraron que el presidente se había excedido en sus competencias y argumentaban que la autoridad para regular en materia de inmigración es exclusiva del Congreso.
“La decisión de hoy mantienen lo que hemos alegado desde el principio: que una sola persona, ni siquiera el presidente, puede cambiar unilateralmente la ley”, declaró en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton. “Esta es una victoria para los que creemos en la separación de poderes”.
“Estoy profundamente decepcionado y sorprendido por una decisión que perjudica a las familias y que obliga a nuestras comunidades a permanecer en las sombras”, aseguró el senador demócrata Bob Menéndez, uno de los grandes defensores de la reforma. “Esta decisión pasará a la historia como uno de los peores momentos en nuestra lucha por un sistema justo de inmigración”.
El Supremo estudió esta primavera dos cuestiones centrales de la reforma migratoria. La primera es si el Estado de Texas, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si Obama se extralimitó en sus competencias al decidir que se cancelaran las deportaciones de un grupo específico de indocumentados.
La Casa Blanca argumentó que la normativa era necesaria porque, ante la falta de una reforma en el Congreso, deportar a más de 11 millones de ‘sin papeles’ es una tarea costosa y prácticamente imposible. Los Estados demandantes, por el contrario, argumentaron que las leyes, como repitió este jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, “es el Congreso quien redacta las leyes, no el presidente”.
